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Defendemos los derechos humanos, individuales y colectivos, especialmente los derechos sociales, medioambientales, laborales y políticos, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas migrantes y los derechos de las personas de los colectivos LGTBIQ.
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Promovemos la función social de la abogacía en interés del acceso de la ciudadanía a la justicia, en desarrollo del derecho de defensa, y con oposición a las limitaciones en el libre ejercicio de los derechos ante la administración, los tribunales y ante el conjunto de la sociedad, con especial atención a las personas y grupos sociales más desfavorecidos.
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Nos oponemos a cuantas actuaciones y medidas legales, institucionales o de particulares restrinjan los derechos y libertades de las personas y de los grupos en que se integran.
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Apoyamos aquellas iniciativas que tiendan a acercar los centros de decisión a la ciudadanía y en este sentido promover jurídicamente todas aquellas fórmulas que impliquen el ejercicio de una democracia directa, asamblearia y participativa.
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Favorecemos la creación de cooperativas, empresas de economía social y entidades sin ánimo de lucro gestionadas democráticamente ofreciendo apoyo activo y un servicio de asesoramiento de calidad que les ayude a desarrollar sus potencialidades.
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Promovemos la resolución pacífica de los conflictos, apostando por la negociación, la mediación y el asesoramiento en la prevención de los mismos.
