El Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla ha archivado provisionalmente la denuncia presentada el pasado 8 de abril por el grupo parlamentario Adelante Andalucía, que observaba y observa (ya ha recurrido ante la Audiencia Provincial) "una importantísima negligencia" por parte de la dirección de la residencia de mayores 'Joaquín Rosillo' de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y de tres altos cargos de la Consejería de Salud, entre ellos el consejero Jesús Aguirre, en las muertes de las personas mayores registradas en este centro a causa del coronavirus.
Señala el juez en el auto de archivo que "no se aprecia el nexo causal necesario para investigar un posible delito de imprudencia grave con resultados de muerte", entendiendo "no estar debidamente justificada la perpetración de los delitos denunciados". Cabe recordar que la Junta, después de la denuncia de una familia, reconoció el fallecimiento de 24 residentes. Hace una semana el centro reconocía 30 muertes de las más de 400 contabilizadas en residencias de mayores de Andalucía vinculadas al coronavirus.
En cualquier caso, expone el juez que "no es acertado entender que al no haberse tomado las medidas contenidas en las normas dictadas por el Gobierno Central se produjeron los fallecimientos en la residencia". "Es claro que por un conjunto de circunstancias y entre ellas por los desaciertos y las decisiones erróneas de quien debía y debe cuidar de nuestra salud, nos encontramos a fecha de hoy, no ante un hecho gravísimo que afecta a una residencia de ancianos sino ante la muerte, según cifras oficiales, de más de 22.000 compatriotas y el contagio de otros cientos de miles, produciendo a diario el principal causante-el virus- y hasta el día de esta resolución, centenares de muertes y miles de contagios más en nuestro país", reflexiona el juez.
Según el auto, "no puede entenderse que la administración autonómica estuviera inactiva por los quebrantos causados por el virus a nivel del territorio andaluz y en especial al nivel local de San Juan de Aznalfarache". Según añade, "en general es cierto que el legislador ha ido adoptando decisiones según se iban presentando los acontecimientos y tiempo habrá de valorar, una vez calmada la tempestad, los comportamientos y las decisiones de todos los responsables públicos que han ido interviniendo en la gestión y sus aciertos".
Silencio y virus
El juez añade que "de un lado no parece que sea achacable en exclusiva a la administración autonómica o al director de la residencia la falta de material sanitario para hacer frente a la pandemia y, de otro, la información al público también se cumplió, como lo reconoce la denunciante al aludir a una comparecencia de fecha 6 de abril donde se habló a nivel publico del asunto de la residencia de San Juan". Respecto a esa falta de información dice el auto que "se entiende que no es tal, achacada a los denunciados, es evidente que no cabe integrarla en el supuesto penal pues ninguna conexión guarda ese silencio denunciado con el devastador efecto del virus en la residencia.
"En definitiva llegará el momento de exigir responsabilidades políticas y porque no, penales, si hay pruebas bastantes de la conexión entre tales decisiones y las fatales consecuencias que estamos viendo, pero para el caso presente que se ha denunciado se entiende, por las razones dadas, que no hay indicios fundados de responsabilidad penal", concluye el juez, que termina diciendo que "aun cuando es obvio que uno de los denunciados, el llmo. Sr. Consejero de Salud y Familias es aforado, no es impedimento ello para archivar el presente procedimiento, pues nada hay que instruir", sobreseyendo provisionalmente estas actuaciones "al no estar debidamente justificada la perpetración de los delitos denunciados".
Adelante Andalucía ya ha interpuesto el recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla que centra sus argumentos contra el archivo, básicamente, en no se ha practicado diligencia de investigación alguna. "Espero que el Ministerio Fiscal, ya que está investigando las muertes en las residencias de toda España, apoye dicho recurso y al menos solicite la práctica de una mínima investigación para determinar si ha habido o no negligencia tanto en la dirección del centro como en las autoridades sanitarias, en este caso la Junta de Andalucía", apunta a este medio Luis de los Santos, abogado de Adelante Andalucía.
Dice el recurso que existen "importantes lagunas que conviene aclarar antes de declarar que no existe ilícito penal". "Una decisión de cierre de una causa, como la presente, por no estar debidamente justificada la perpetración de un delito es incompatible con que no se haya llevado a cabo indagación alguna sobre los hechos que motivaren su formación", insiste el recurso del grupo politico.
"Homicidio y lesiones por imprudencia grave"
Asimismo se añade que "existen dichos indicios para seguir investigando", apuntando "declaraciones aparecidas en distintos medios de comunicación tanto de sindicatos del centro, trabajadores y familiares de los residentes, que aseguran que no se han cumplido los protocolos previstos, deberían investigarse para determinar si las muertes de 24 personas (actualmente 39 según distintos medios) están provocadas por alguna negligencia de la dirección del centro o de la autoridad sanitaria de la Junta de Andalucía u otras que pudieran determinarse".
"Sin dicha investigación no será posible determinar si ha existido un nexo causal entre la muerte y la acción o inacción tanto las autoridades como de los responsables de la residencia que tenían el deber de cuidado de las personas fallecidas, en orden a investigar los posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave de los artículos 142 y 152 en relación con el 147 del Código Penal", argumenta el escrito de recurso.
Este miércoles también ha trascendio que el alcalde de Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora (PSOE), ha remitido una carta al consejero de Salud solicitando "toda la información" relacionada con el impacto de la pandemia de coronavirus Covid-19 en el citado geriátrico Joaquín Rosillo.
Fuente: Javier Ramajo eldiario.es
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